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Cali se prepara para explorar iniciativas a través de la figura de la Asociación Público Privada -APP- tendientes a desarrollar proyectos de alto impacto social.
La ventana que se abre para estructurar esta posibilidad se fortaleció ayer a través de un Plan de Capacitación en Asociaciones Público Privadas que el Departamento Nacional de Planeación realizó, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DNP- a todas las dependencias de la Administración.
Según María Virginia Jordán Quintero, subdirectora de Desarrollo Integral de Planeación Municipal, el abanico de posibilidades de iniciativas de inversión privadas apenas se empieza a explorar.
“El objetivo principal de estos proyectos es que generen “valor por dinero” para la sociedad, es decir, que se pueda obtener el máximo beneficio del bien o servicio, dados los recursos disponibles. No solo se debe tener en cuenta el costo de los bienes o servicios sino también la mezcla de calidad, costo, recursos, riesgos, tiempos, conveniencia, en ultimas, se busca economía, eficiencia y efectividad”.
Añadió que la figura legal sirve tanto para obras de infraestructura pública productiva como social, tales como: infraestructura vial, construcción de escuelas, universidades, hospitales, edificios públicos, entre otros. En el caso de Cali, la figura puede utilizarse, por ejemplo, para proyectos carcelarios, centros de desarrollo infantil, vías perimetrales, entre otros.
La funcionaria resaltó las bondades de esta figura, que se apresta a servir a los intereses del Estado y precisó que en este momento está para la firma del Alcalde, el decreto que reglamentaría el instructivo para la recepción y el estudio de los proyectos de asociaciones público privadas de iniciativa privada.
Reiteró que el análisis para determinar si la iniciativa de asociación público privada es viable, inicialmente debe considerar si el proyecto es de interés de la Administración Municipal, si está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo, que no se estén modificando contratos o concesiones existentes, que el monto de la iniciativa sea superior a 6000 SMMLV, que ninguna otra entidad estatal haya adelantado la estructuración o estudios para esta iniciativa.
Sin embargo, para saber si la iniciativa es realmente factible, se requiere estudios detallados entre los cuales se incluya un análisis de todos los riesgos contingentes.
Finalmente, precisó que en el segundo semestre de este año, se debe fortalecer el mecanismo para recibir las iniciativas, por cuanto la Ley 1502 de 2012 establece que no se podrán celebrar contratos de asociación público privada que requieran desembolsos de recursos públicos durante el último año de gobierno del Alcalde.
“Lo importante es que tengamos claro que las APP son oportunidades de desarrollar proyectos de gran impacto para la sociedad, que generan valor público, sin que ello implique que la Administración Municipal delegue funciones o que tenga que asumir la totalidad de los riesgos en un proyecto”, concluyó María Virginia Jordán.
Anna María Castro Casas