Los principios y valores en los que se fundamentan las acciones de gobierno son
aquellos que la modernidad ha colocado en la base de las relaciones políticas y
sociales como conquista de la humanidad, con sentido universal y mandato civilizado
de incuestionable cumplimiento.

En consonancia con los derechos fundamentales hoy incorporados en el primer
capítulo de la Constitución, los siguientes principios de gestión orientarán las acciones
de los servidores públicos de la Administración local y constituyen la base de nuestro
código de Buen Gobierno:

-Los ciudadanos son libres, iguales, con derecho a vivir dignamente y a satisfacer sus
necesidades fundamentales.
• La vida digna. Es el principio ético básico que marca la conducta y el
rumbo del gobierno local, por ello el municipio es considerado un territorio
social donde debe ser posible vivir la vida dignamente. El sagrado cuidado
de las personas y su derecho a construir proyectos significativos de vida es
un principio ético básico. El gobierno local orientará todas sus acciones
bajo la aplicación de este sagrado principio. Para vivir la vida dignamente
es imprescindible fundamentar las acciones sobre la base de los
fundamentos éticos siguientes, que deben estar visibles en cada una de las
acciones políticas y programáticas, de acción y ejecución de este Plan
• Derecho a la ciudad. El municipio es el territorio donde se construyen las
condiciones para la vida digna, por ello es un propósito del derecho a la
ciudad como condición de posibilidad de hábitat sano, confortable,
sostenible y seguro.
• Equidad. La distribución equilibrada de los beneficios requiere acciones
que garanticen el cumplimiento de las funciones constitucionales del
municipio en función de la diversidad social, cultural y económica.
• Inclusión. Cali es una y sus gentes son legítimamente reconocidas con
plenitud de derechos y deberes, sin diferenciaciones de ninguna índole, sin
pretextos de ningún orden, sin matices ni distinciones de credo, raza o
filiación.
- El orden social y político, económico y cultural son corresponsabilidad del estado y la
sociedad.
• Colaboración. Trabajaremos en común con las demás personas con el
propósito de contribuir a vivir la vida con dignidad.
- La ciudadanía tiene derecho a adherir y apoyar causas o empresas de otros.
• Solidaridad. Es necesario revertir la desigualdad y la exclusión a través de
la confluencia de acciones del gobierno local, las instituciones públicas y
privadas, los sectores gremiales y productivos, la academia, las
organizaciones sociales y la ciudadanía.
- El interés general prima sobre el particular.

• Imparcialidad. Actuaremos con falta de designio anticipado o de
prevención a favor o en contra de personas o cosas, que nos impidan
juzgar o proceder con rectitud.
- La administración municipal está al servicio del interés general.
• Servicio. La acción administrativa y el desempeño de nuestras funciones
se hará con calidad para satisfacer la necesidades y expectativas de la
comunidad.
- La autonomía municipal es un imperativo del gobierno local.
• Descentralización. Su Ejercicio es condición necesaria para el logro de los
propósitos del gobierno local en la perspectiva de un desarrollo sostenible y
equilibrado.
- La ciudadanía tiene derecho a participar en las decisiones que los afectan.
• Participación. Generamos espacios para que los ciudadanos de manera
individual o colectiva participen y ejerzan el control social en las distintas
etapas de la gestión pública.
-La familia, la niñez, la juventud y la población vulnerable tienen especial atención en
las políticas municipales.
- La equidad de género y la inclusión social hacen parte de la política social municipal.
- La diversidad étnica y cultural son riqueza y patrimonio social reconocido y protegido.
• Respeto. Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada
persona, valorando sus cualidades y el medio que nos rodea.
-La defensa, conservación y protección de los bienes públicos y del patrimonio
cultural y natural son responsabilidad pública.
• Transparencia. El gobierno local coloca todos sus actos al escrutinio de la
ciudadanía para que sus recursos sean tutelados en su integridad y
destinación.