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Durante el Foro realizado por el Cuidado y Protección de los Ecosistemas y Cuencas Hídricas de Cali, el Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente, Dagma, tomó la iniciativa de socializar y concientizar a las autoridades judiciales sobre las afectaciones ambientales que se presentan en las zonas de protección de la reserva natural los Farallones de Cali.

Se expuso la gestión que ha venido haciendo la autoridad ambiental de Cali para mitigar el impacto de contaminación y entender la gravedad que causa al medio ambiente las diferentes manifestaciones como la tala de árboles, la rocería, la quema y la contaminación del recurso hídrico que han generado los ocupantes irregulares que habitan en los predios Piedra Grande y la Yolanda ubicados  en el corregimiento de los Andes y La Carolina en el corregimiento de Villa Carmelo.

“Necesitamos interactuar entre las instituciones, autoridades ambientales y entes de control para ejercer la protección de nuestras áreas estratégicas más importantes, articulándonos y entendiendo la importancia de actuar en conjunto. Lo que buscamos es que las acciones que el Dagma lleva a cabo de inspección y vigilancia se complementen con las intervenciones judiciales, fiscales o policiales para que haya una forma de actuar concreta en el territorio y poder mitigar el impacto contaminante en los diferentes sectores del municipio”, así lo explicó Luis Alfonso Rodríguez Devia, Director del Dagma.

El evento fue liderado por el Área Jurídica y el grupo de Ecosistemas del Dagma, y contó con la participación y asistencia de diferentes organizaciones como Parques Nacionales de Colombia, Dar Suroccidente CVC, Unidad de Reacción Inmediata URI, Autoridades policivas de los corregimientos La Castilla, Pance, Los Andes, Corporación Regional del Valle del Cauca, Fiscalía de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, CTI, Catastro Municipal, Policía ambiental y Carabineros entre otros, Quienes apoyaron esta iniciativa para articular acciones de peso y control de estos espacios que cuentan con una gran biodiversidad.

“De los 24 ocupantes irregulares que habitan en los predios del Dagma, a 16 de ellos se les ha instaurado las correspondientes denuncias y demandas policivas, sin embargo no ha habido pronunciamiento alguno por parte de las autoridades competentes”, dijo Walter Reyes, Jefe del Área Jurídica del Dagma.

“El propósito de este foro fue abonar esfuerzos y demostrarle a los moradores de la parte rural con penas ejemplarizantes qué clase de delito ambiental están cometiendo y la gravedad que esto implica”, puntualizó el funcionario.

Jennifer Dorronsoro Torres