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“Dirección Jurídica de Cali vela por la preservación de la cultura de la legalidad por parte de la Alcaldía”
Los proyectos de acuerdo presentados este año al Concejo de Santiago de Cali han contado con el acompañamiento permanente de la Oficina Jurídica de la Administración Municipal, dependencia de apoyo que vela por preservar la cultura de la legalidad en cada una de las iniciativas que se presentan para estudio ante las diferentes comisiones.
“En el 2012, nuestro país ha tenido importantes cambios normativos, que se han dado de manera vertiginosa y como Oficina Jurídica lo que buscamos es que impere la cultura de la legalidad en los proyectos que se presentan al Concejo de Cali, para darle un sustento jurídico firme y sólido a cada uno de los mismos”, explicó Javier Mauricio Pachón Arenales, responsable de la dependencia.
Ejemplo de los cambios normativos presentados en el año que termina, son los introducidos por el Decreto-ley 0019 de 2012, que busca simplicidad en los trámites y procedimientos existentes en la Administración Pública o la Ley 1437 de enero 18 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que entró en vigencia en julio de este año o los traídos por la Ley 1551 de este 2012 (Régimen Municipal).
A este cambiante panorama normativo se suma el generado por el nuevo reglamento del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Decreto 734 del 2012) que derogó 27 decretos reglamentarios expedidos desde 1994.
El decreto 734 del 2012 no solo compiló la reglamentación existente en materia contractual, sino que reguló disposiciones sobre el tema previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Estatuto Anticorrupción y el Decreto-Ley 19 del 2012 o Ley Antitrámites.
Internamente, en la Dirección Jurídica de Cali se han realizado remodelaciones físicas y ajustes a los procesos internos, enfocados a adaptar la dependencia a las nuevas exigencias del Estado, que está en constante proceso de modernización. Los objetivos principales son prevenir la ocurrencia del daño antijurídico imputable a los agentes estatales, que va en detrimento de los bienes públicos, y velar por la protección efectiva de los intereses estatales.
/Claudia.salas@cali.gov.co
