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Casos como el de una trabajadora social que reportó haber empezado a consumir licor con alguna frecuencia, después de una audiencia en la que se describieron los abusos sexuales, cometidos por los paras en los Montes de María, o un abogado de la Defensoría Pública que empezó a sentir que el lado izquierdo del cuerpo se le inmovilizaba, después de escuchar experiencias de personas víctimas han alertado a las organizaciones sociales sobre las consecuencias que está ocasionando en los profesionales la atención a víctimas del conflicto armado.

En este marco, cerca de 40 funcionarios de instituciones que atienden población víctima del conflicto armado hicieron parte de la última reunión, liderada por el grupo de Promoción Social para socializar el ‘Modelo de talento humano para prevención y atención del riesgo psicosocial en el programa de atención psicolaboral’, para quienes trabajan en salud con personas del conflicto armado.

“Las personas que trabajan con víctimas tienen unas patologías, generadas por el estrés que les produce tener ese contacto con la población víctima y sus historias y experiencias tan fuertes. En muchas ocasiones, hemos encontrado que el funcionario no tiene un espacio para hacer catarsis, ni espacios de apoyo, por lo cual le toca asumirlo solo”, explica Graciela Abouchar, antropóloga integrante del grupo de Promoción Social.

La profesional agrega que por esto es necesaria la aplicación del modelo. “La idea es que las instituciones empiecen a aplicar el modelo en función de detección de riesgo y hacer intervenciones de acuerdo a los hallazgos, teniendo que cuenta que ya es una obligación, de acuerdo a la Ley 1448”.

Se recuerda, igualmente, que instancias como las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL), Empresas Sociales del Estado (ESE) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), son las encargadas de atender casos de problemas físicos y sicosociales en el ámbito laboral.


Oficina de Comunicaciones
Secretaría de Salud Pública Municipal