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La Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali realizó con directivos docentes de las instituciones educativas oficiales, un seminario con el propósito de actualizar y brindar herramientas jurídicas para avanzar en la garantía de los derechos fundamentales de estas personas, así como de profesores y de estudiantes.
El seminario ‘Procedimientos institucionales para la protección de docentes y directivos docentes que se encuentran bajo riesgo extraordinario o extremo conforme el Decreto Nacional 1628 de julio 31 de 2012’ se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, durante tres días del mes de abril. Se analizaron temas como el concepto de violencia, campo de aplicación del decreto 1628, del comité especial para la atención de educadores, acciones inmediatas, reconocimiento provisional del riesgo, valoración y calificación del riesgo; trámites del riesgo, traslados a otra entidad territorial certificada y vigencia, obligatoriedad, manejo de la información sobre educadores en situación de riesgo y estudio de casos.
Esta capacitación contó con la coordinación académica de la docente universitaria Raquel Ceballos Molano, con doctorado en Derecho General con énfasis en Responsabilidad Civil y Seguros, de la Universidad Carlos III de España y especialización en Negociación y Contratación Internacional, de la Universidad del Valle.
Como expositores participaron los abogados Alejandro Beltrán Marín, de la Universidad San Buenaventura, con especialización en el Sector Seguros, de la Universidad Externado de Colombia, y José Reinelio Sepúlveda Meek, especialista en Administración Pública y consultor empresarial del sector público.
El abogado Beltrán dijo que el decreto 1628 indica a los amenazados la forma en que pueden hacer valer sus derechos a la vida, seguridad, integridad, núcleo familiar y proyecto de vida; cómo realizar las peticiones al Comité Especial para la Atención de los Docente y Directivos Docentes en Situación de Riesgo, pero considera que se debe hacer la reglamentación normativa que permita simplificar algunos trámites, acatando sentencias de la Corte Constitucional, para facilitar, a educadores y al Estado, la correcta identificación de los riesgos extremos y extraordinarios. También se busca atacar los focos de quejas en los departamentos más vulnerables para bajar las amenazas, a través de la función pública del Estado, con la Policía Nacional, debido a que es un problema social en diversas áreas de Colombia.
La licenciada Martha Bravo Castillo, de la institución educativa oficial Carlos Holmes Trujillo, señaló que el decreto les permite asumir la defensa de sus derechos como amenazados, pero resaltó que tiene ambigüedades como en el requisito de los puntos para demostrar la condición de amenazado. Dijo que debería permitir un procedimiento más eficaz pues el derecho a la vida prevalece por encima de los demás.
Por su parte, el licenciado Erasmo Mina Rodríguez de la institución educativa oficial Cristóbal Colón, sigue sin definirse claramente quién le da la condición de la real amenaza al docente o no. Reconoce que quedan informados para orientar a sus compañeros sobre cómo proceder en derecho en caso de amenaza y que el seminario les permitió mirar que tienen problemas comunes en las instituciones educativas oficiales, donde se ven amenazados y vulnerados por las famosas “fronteras invisibles” y el microtráfico en inmediaciones de estos planteles.
Indica que se debe formar un frente común en Cali para proteger a las instituciones educativas y a los docentes, no solo de amenazas de los padres, sino del entorno que constantemente amenaza el quehacer educativo. Considera que la Secretaría de Educación se debe poner más de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la ciudad, para que hayan planes de seguridad más efectivos, que les den a los jóvenes, oportunidades mediante convenios interinstitucionales con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con entidades de teatro, de comunidad, entre otros, permitiéndoles salir adelante y así acabar con el problema.
/ Alina Caycedo Velasco – Comunicaciones de la Secretaría de Educación de Cali
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