La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República socializó en Cali el nuevo proyecto de ley para la Protección a reportantes de actos de corrupción, con el cual se va a ofrecer un sistema de protección para personas naturales y jurídicas que reporten actos de corrupción.
El consultor Andrés Felipe Giraldo de la Secretaría de Transparencia, ha realizado la socialización a diferentes municipios del país, con el fin de recoger las sugerencias de las entidades públicas, privadas y veedurías ciudadanas que asisten al foro para mejorar el proyecto de ley, el cual se espera sea oficialmente presentado antes de junio del presente año.
El proyecto pretende ofrecer protección a la identidad, a cualquier tipo de maltrato, represalias o acciones disciplinarias a denunciantes de corrupción que actúen de buena fe, bien sea de entidades públicas o privadas. Además, se articula con el programa de protección a testigos de la Fiscalía y la Unidad Nacional de la Protección (UNP), que protege población vulnerable. “Lo que se quiere, es que el ciudadano se sienta más seguro y llegue a la secretaría única y desde ahí le resuelvan todo lo referente a su solicitud”, dijo el consultor de la Presidencia de la República, Andrés Giraldo.
No existe una legislación específica que proteja a los reportantes de actos de corrupción y que articule medidas para la protección laboral, como la integridad de personas naturales y jurídicas, por esta razón se presenta este proyecto de ley. El cual, a su vez responde a la obligación que adquirió Colombia en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, las cuales exigen que a los destinatarios que participaron cuenten con un sistema para proteger denunciantes contra la corrupción. Además, en la ley de anti soborno de Colombia, se pide que el país tenga un sistema para proteger denunciantes.
El proyecto de ley contaría con un Comité Rector de Verificación, las entidades que lo van a integrar son el Ministerio del Trabajo, la UNP, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de la Transparencia de la República. Además, se va a crear una Secretaría Técnica, la cual se va a encargar de toda la coordinación operativa de articulación del sistema unificado de protección a reportantes de actos de corrupción, la cual será administrada por la Procuraduría General de la Nación o por la Defensoría del Pueblo. La función de la Secretaría Técnica, será ser un canal entre la ciudadanía y los solicitantes de medidas de protección.
Este proyecto presenta, además, las garantías de protección a personas jurídicas con el fin de incentivar la denuncia en el sector privado. Ofrecerá protección de garantías empresariales y contractuales; se espera incentivar la colaboración de entidades públicas y privadas en la lucha contra la corrupción.
En el foro, las entidades invitadas tanto públicas como privadas y las veedurías ciudadanas participaron activamente dando las sugerencias al proyecto, el cual se espera sea una herramienta eficiente para proteger a los ciudadanos que se atreven a reportar los actos de corrupción en el país.
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