“Es hora que los servidores públicos en cabeza de las alcaldías y las gobernaciones lleguen a consensos para plantear acciones que garanticen el acceso a bienes y servicios que generen desarrollo para los niños, adolescentes y jóvenes”,
Así lo conceptuó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, dentro del II encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, quien subrayó que esas acciones deben evitar el reclutamiento, la utilización y la explotación de los menores, lográndose así la desvinculación y la reintegración social, encaminadas a la reconciliación y la construcción social para la paz y las familias.
Anotó el representante del Ministerio Público que “la estrategia Hechos y Deberes decidió convocar a encuentros con gobernadores –el 26 de marzo en Ibagué- y luego con alcaldes, como el que nos hizo presentes en Palmira, ante el enorme desafío que enfrentan por violencia los actuales mandatarios territoriales en 108 municipios en departamentos como el Valle del Cauca, con ocasión de la preparación hacia un proceso de construcción de paz”.
Esfuerzos para erradicar el trabajo infantil
Durante su intervención, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, resaltó que “si se logran unir recursos nacionales, departamentales y locales se puede garantizar que todos los menores de 24 años puedan acceder a la educación y con todos los recursos que hay en materia de salud también se puede lograr que los hospitales públicos estén permanentemente abiertos y bien dotados para que los niños y jóvenes también puedan beneficiarse de estos servicios asistenciales”.
Así mismo, dijo a los presentes al II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud que se tiene el deber de trabajar por un país mejor, con tranquilidad, paz y bienestar para los menores de edad, tal como lo establece la Constitución y los Derechos Humanos.
Enfatizó que es también deber del Gobierno en cualquiera de sus manifestaciones, erradicar el trabajo infantil, porque aseguró que “un solo niño que labore en este país es una vergüenza para la democracia, para los gobernantes y los padres de familia, pues no es justo que haya un número de un millón de menores de edad trabajando y se tenga este mismo número, pero de desempleados adultos”.
Y continuó: “Si bien es importante que en La Habana –Cuba- estén dialogando el Gobierno y las Farc, estos actores tienen obligaciones”. En tal sentido, la guerrilla de las Farc como la del ELN tienen hoy una deuda social y ética con el pueblo de Colombia, por tanto deben aportar más y procurar hechos de paz.
“En referencia a sus deberes con la niñez, a la insurgencia hay que exigirle que deje de reclutar a menores de edad y que permita su desvinculación, también que cesen la colocación de minas antipersonales y que faciliten el desminado de regiones agrarias del país, que acaben el secuestro y las acciones violentas en el país, es decir que la paz se hace con hechos reales de paz, no con poesía ni palomas”.
Por su parte, el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Marco Aurelio Zuluaga, indicó acerca del reclutamiento de niños que continúan haciendo los grupos armados ilegales, que “los menores no deben ser tocados ni afectados por un conflicto que han efectuado los adultos, ni siquiera digo los mayores, porque gente mayor y sensata no hubiera metido a la sociedad colombiana en un conflicto como el que tenemos”.
“Por tanto, exijo que todos los menores que estén en este momento comprometidos en este infame conflicto armado, nos los devuelvan para que nosotros podamos ayudarles a soñar y a montar un proyecto de vida, pues esto es nuestra obligación, independiente del desarrollo de conversaciones y discusiones que tiendan a la paz”, dijo el alto funcionario del Gobierno Nacional.
Gustavo Sánchez
