Abogados de la Administración Municipal se reunieron en un escenario académico denominado ‘Conmemoración de la Defensa de lo Público’, con el fin de repensar la misión encomendada a las áreas jurídicas y analizar el entorno y sus desafíos.
El espacio académico permitió a los abogados de todas las dependencias municipales compartir experiencias y visiones con conferencistas connotados, quienes manejaron temáticas variadas, todas en torno a lo que implica defender los intereses públicos.
El secretario General de Colombia Compra Eficiente, José Camilo Guzmán Santos, hizo una presentación del Decreto 1510 expedido el 17 de julio de 2013.
En este se plantea un cambio de paradigma en la gestión contractual, toda vez que con la nueva normatividad la contratación no es vista como una contienda jurídica sino comercial, donde el Estado debe prepararse para un escenario de negociación, a partir del conocimiento de las condiciones del mercado.
El tema es fundamental si se tiene en cuenta que el Estado contrata al año cerca de $100 billones y lo que busca el Decreto 1510 es mayor agilidad en la contratación, que es finalmente la forma como el Estado materializa sus políticas públicas.
El magistrado Enrique Gil Botero, de la sección Tercera del Consejo de Estado, tuvo a su cargo la ponencia ‘La constitucionalización del Derecho de Daños’, en la cual trató la valoración del daño corporal, analizando la evolución jurisprudencial respecto a la reparación del daño, que es la quintaesencia de la responsabilidad.
Gil Botero destacó el nombre dado al evento, resaltando que la defensa de lo público permite replantear la creencia errónea de que “lo público es despreciable y lo privado es la salvación”, toda vez que en el campo internacional ese modelo colapsó y el Estado nuevamente se empodera de la prestación de los servicios públicos, que son su razón de ser y lo que justifica su existencia.
El consejero de Estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas desarrolló su conferencia en torno a los Aspectos Tributarios Territoriales, analizando cómo los departamentos y municipios tienen reconocidos, en la Constitución de 1991, un conjunto de elementos y poderes que pueden ayudar a financiar sus principales proyectos.
“La Constitución les confiere a los territorios un papel mucho más amplio, la invitación es a dar una lectura de avanzada a la carta magna, para darle un papel preponderante a las decisiones de los concejos y las asambleas, sin temerle a su poder normativo y capacidad de fortalecer la autogestión”, expresó el magistrado Bastidas Bárcenas”.
El director Jurídico de la Alcaldía de Santiago de Cali, Javier Mauricio Pachón Arenales, y el director Jurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Fernando Pardo Flórez, sostuvieron un conversatorio sobre las obligaciones impuestas por la Nación a los municipios y que no cuentan con fuente de financiación.
Ejemplo de ello es la Ley 1551 de 2012, la cual señala que los alcaldes deben garantizar la seguridad social en salud y riesgos profesionales de los ediles y suscribir una póliza de seguros.
Este tipo de leyes tienen un alto impacto sobre el fisco municipal y este elemento no se tiene en cuenta al momento de promulgar las leyes.
Dentro de la casuística desarrollada también se presentó como la Ley 769 de 2002, prohibió el tránsito urbano de vehículos de tracción animal.
Este es un tema complejo que obliga a los municipios a plantear toda una política pública que incluye tarifas, sitios para la disposición final y otras decisiones que van más allá de la consecución de los recursos para dar cumplimiento a la normatividad.
La jornada académica concluyó con la intervención de Roberto Augusto Serrato Valdés, procurador primero ante el Consejo de Estado, quien centró su intervención en el crecimiento de las pretensiones económicas y el número de demandas en contra de las entidades públicas y sus efectos macroeconómicos.
La Contaduría General de la Nación señaló que en el 2010 los fallos judiciales adversos contra distintas entidades del Estado ascendieron a $1,1 billones y en el actual Plan de Desarrollo se registra que existen más de 170.252 procesos en contra de entidades públicas.
Esto obliga al fortalecimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico, mejorar la defensa y gestión judicial y un mayor empleo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Claudia.salas@cali.gov.co
