En la quinta reunión del Comité de Convivencia Escolar –Comce-, se hizo un balance sobre el trabajo realizado en las mesas temáticas, las cuales son el escenario de concreción de acuerdos sobre la conceptualización y manifestaciones de situaciones y rutas.
Igualmente, se enfatizó en los ejes temáticos trabajados en las mesas, los cuales responden a las exigencias de la Ley 1620, así como las situaciones presentadas en el sector educativo y las responsabilidades de cada uno de los sectores institucionales, en el abordaje de la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Por otra parte, el secretario de Educación, Édgar José Polanco Pereira, manifestó en el comité su preocupación por la cantidad de casos que se han presentado en la oficina de inspección y vigilancia de la dependencia -la mayoría de colegios privados- sobre la aplicación de las sanciones a estudiantes como consecuencia del no cumplimiento de las normas del manual de convivencia.
Las quejas de los padres de familia manifiestan la violación al debido proceso, al sancionar, por ejemplo, a un estudiante con matricula condicional por una falta grave, estipulada en el manual de convivencia del establecimiento.
Por este motivo, la oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de educación ha tenido que realizar observaciones a los manuales de convivencia de los colegios y ha orientado a estos establecimientos educativos, sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El pronunciamiento en particular de este tribunal sobre estos casos indica que “la matrícula condicional no es una sanción válida dentro del manual de convivencia, ya que es una sanción violatoria del debido proceso constitucional”.
Por dichas razones, la preocupación de la Secretaria de Educación es: ¿Qué va a pasar con el estudiante que es expulsado del colegio? ¿Dónde tendrá la continuidad de sus estudios? ¿Quién garantiza que continúe en su proceso de escolarización?
Todos estos interrogantes son los retos que tiene el Comité de Convivencia Escolar, ya que se debe brindar el acompañamiento a los establecimientos públicos y privados en la revisión de sus manuales de convivencia, para actualizarlos y ponerlos en el contexto constitucional y de la Ley 1620, manifestó Polanco Pereira.
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