Ante la protesta de los transportadores de la empresa Coomepal, que causó gran congestión en la principales vías de la ciudad e interfirió los carriles para el tránsito del sistema masivo MÍO, las autoridades en cabeza del Alcalde de Cali, anunciaron que no tolerarán vías de hecho ni acciones que perturben el derecho fundamental de la libre movilización de todos los caleños.
Sobre estos acontecimientos, el director Jurídico de la Alcaldía, Javier Mauricio Pachón, aseguró que estas actuaciones, según el Artículo 353 del Código Penal, son consideradas como delito y citó la norma.
Quien “por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación de vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
“Esto significa que el Alcalde, como primera autoridad oficial de la ciudad, y la Fuerza Pública tienen el deber de velar para que quienes interfieran con el trasporte público de la ciudad o interfieran en el sistema masivo, sean judicializados, procesados y acusados formalmente por la Fiscalía”, anotó el Director Jurídico del Municipio.
Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Carlos José Holguín Molina, dijo que no es concebible que si el Alcalde ha venido realizando un proceso con los trasportadores para llegar a unos acuerdos, los ciudadanos “sigamos padeciendo estos desórdenes y dificultades de movilización”.
“Esta situación está siendo atendida por las autoridades y entidades correspondientes, pero de continuar este tipo de bloqueos le corresponderá a la policía tomar las medidas del caso”, puntualizó Holguín Molina.
María Fernanda Zamorano Abril
