Así lo dio a conocer en rueda de prensa el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, quien informó que las razones para dicha determinación son de orden tanto legal como práctico.
“Desde el punto de vista legal, porque hemos recibido llamados de advertencia de la Contraloría General de la Nación y de la Personería en varias oportunidades, de que ese tipo de contratos no está conforme con las leyes colombianas. Y de otra parte, encontramos que a lo largo de estos años, Cali que ocupaba el tercer lugar en el recaudo per cápita debajo de Bogotá y Medellín, ahora está en el sexto lugar. Vamos por debajo de Cartagena y Bucaramanga”, sostuvo el mandatario local.
Guerrero Velasco precisó además, que no se hizo la gestión para la cual se suponía se había suscrito esa contratación y una muestra clara de ello es la no ejecución de la actualización catastral que no se realiza desde hace diez años, razón por la cual el Municipio dejó de recibir un dinero importante. “No se cumplió el objeto y además era ilegal y por eso decidimos terminarlo unilateralmente”, reiteró.
Finalmente concluyó que con el fin de enfrentar futuras demandas, el Municipio ha agotado todos los recursos, así como ha consultado a instancias, como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, de las cuales ha recibido un apoyo y respaldo absoluto a dicho proceso que se estima quede en firme, máximo en un mes.
Margarita Cardona/Comunicaciones Alcaldía de Cali
