La Alcaldía de Cali adelanta un análisis jurídico a la respuesta que entregó la Unión Temporal Sicali hace una semana por el requerimiento que el Municipio le planteó a la firma sobre la legalidad del contrato. Sicali ha venido manejando el cobro de los impuestos desde febrero de 2005.
De acuerdo con Cristina Arango, directora del Departamento Administrativo de Hacienda de la ciudad, ese requerimiento se cumplió con base en la Ley 1386. Esta legislación, aprobada en el año 2010, “estableció la prohibición para las entidades territoriales de contratar con terceros particulares el desarrollo de las funciones tributarias de gestión, fiscalización, liquidación, cobro y recuperación de cartera, y ordenó que los contratos suscritos que tuvieran objetos similares fueran terminados unilateralmente por la Administración o de manera acordada con el contratista”.
A su vez, argumenta que “lo ordenado por la Ley está de acuerdo con las posiciones previamente expuestas en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en los conceptos de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, los cuales identificaron diversos problemas respecto de este tipo de prácticas en las entidades territoriales como lo son:
“El evidente problema de legalidad en la delegación a particulares de funciones públicas tributarias que deben ejercerse por parte de las administraciones tributarias de cada nivel de gobierno, teniendo en cuenta que dichas funciones se encuentran reguladas en normas tributarias de carácter procedimental contenidas en el Estatuto Tributario, el cual es a su vez aplicable directamente en el respectivo ente territorial según lo ordena la Ley 788 de 2002; la violación del carácter de confidencial propio de la información tributaria de los contribuyentes; el desconocimiento de los principios presupuestales mediante el pacto de mecanismos de remuneración como el descuento directo de los recaudos y la asignación de porcentajes fijos sobre los niveles de tributación, y la afectación de varias anualidades y el consecuente debilitamiento institucional de las administraciones tributarias”.
Por su parte, el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco expresó que se están adelantando las gestiones para que la Administración recupere el manejo de los gravámenes. Por ejemplo, el del impuesto predial lo pagan cerca de 460 mil predios en toda la ciudad.
El director jurídico de Cali, Javier Mauricio Pachón, reiteró que próximamente se conocerá una resolución sobre la respuesta que dará el Municipio a lo expuesto por Sicali ante el requerimiento que hizo la Alcaldía Municipal.
El año pasado, el informe de interventoría entregado al Concejo de Cali cuestionó a Sicali y sus pretensiones en el litigio que viene desde los últimos cuatro años por 46.703 millones de pesos. En ese entonces, ediles señalaron que es la Alcaldía, como ente territorial, la encargada de hacer directamente el recaudo y no el particular
El Municipio reitera que el contrato no respondería a lo estipulado por la Ley 1386.
El 2 de diciembre de 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle ordenó liquidar el contrato, medida que fue apelada por Sicali ante el Consejo de Estado. Según la directora de Hacienda de la ciudad, este último estamento no ha entregado su fallo.
